En esta Décima Cuarta edición de #LAW-Nuevo el boletín informativo de PredictaBill, les traemos un resumen de todo lo nuevo de la legislación costarricense de este mes de agosto del año 2022 y algunas de las novedades más relevantes del mundo de #LegalTech.

Antes de entrar en materia queremos contarles dónde estuvimos y hacia dónde vamos en PredictaBill.


EVENTOS PREDICTABILL

Compartimos los eventos en los que PREDICTABILL estará presente durante este mes.

#ILTACON 2022. Hace unos días estuvimos en ILTACON https://www.iltacon.org/home), el evento estrella de la “International Legal Tecchnology Association (ILTA)”, referente en materia de #Legaltech a nivel mundial.

Este año, especialistas de todo el mundo se reunieron en National Harbor, Maryland, Estados Unidos, para hablar de las tendencias de la industria legal en tecnología e innovación.

Entre los temas que destacamos del evento, están:

a. Nuevas Plataformas. El utilizar plataformas tecnológicas que automaticen los flujos de trabajo en el sector legal y garanticen mayor eficiencia del abogado y una mejor experiencia al usuario final, se está volviendo algo cotidiano en el sector jurídico. Hoy vemos como, mercados más grandes y avanzados en temas de #Legaltech como Estados Unidos y UK, están desarrollando plataformas cada vez más sofisticadas; que, sin duda, todo abogado desearía tener en su despacho. Además de automatizar tareas repetitivas, de poco valor agregado, estas herramientas también generan una cantidad de datos importantes, que permiten al abogado hacer un mapeo exacto de su operación y tomar decisiones informadas.

Hay herramientas de todo y para todo, como las plataformas CLMs, o “Contract Life Cycle Management Systems”, para administración del ciclo de vida de los contratos, como las desarrollados por Litera (https://www.litera.com/). También hay compañías como Dealcloser (https://www.dealcloser.com/), que tienen programas que administran todo el flujo de las transacciones como fusiones y adquisiciones, financiamientos etc.

b. Fusiones & Adquisiciones en el Sector #Legaltech. El que se estén desarrollando herramientas de #Legaltech cada vez más sofisticadas, está generando un gran dinámico en el sector. Son constantes los anuncios de transacciones en las que empresas importantes, compran o invierten en Start Ups de #Legaltech, que han lanzado al mercado herramientas innovadoras.

c. El rápido crecimiento del área conocida como Operaciones Legales (“Legal Operations”). El concepto de Operaciones Legales, o “Legal Operations” como se le conoce en inglés, hasta hace un par de años era algo difuso. Si bien todavía es un concepto en construcción, cada vez más se van cimentando las bases de esta área, que está creciendo exponencialmente.

¿Qué es exactamente Operaciones Legales? Consiste en manejar el área legal como un negocio, buscando eficiencias en todo el proceso, desde las interacciones entre áreas funcionales a lo interno de la empresa (Recursos Humanos, Mercadeo, Finanzas, etc.), hasta la dinámica con los despachos externos, para así reducir los costos y hacer la operación legal más eficiente. Operaciones Legales se encarga de aspectos claves, como identificar cuáles son los proveedores de servicios legales que más se ajustan a la necesidad específica de la empresa (firma tradicional, ALSPs etc.). También identifican las plataformas legales y perfiles profesionales, que permitirán hacer una gestión más célere del proceso legal. Este rol se viene posicionando en las altas jerarquías de las firmas legales y empresas del mundo, generalmente como manos derechas de los tomadores de decisión sobre aspectos legales operativos, como presupuestos, proveedores, uso de herramientas tecnológicas; por ejemplo el Socio Director (“Managing Partner”) en firmas legales el Director Legal (“General Counsel”), en empresas con departamentos legales internos.

d. El concepto de valor en la Prestación de Servicios Legales. Bernardo van der Laat, miembro del equipo de PredictaBill, participó en el panel “How to become an Sophisticated Seller of Legal Services: Normalizing Alternative Pricing Models”. Entre los temas que se discutieron, destaca el cómo, el concepto de valor en la prestación de servicios legales no puede limitarse a tarifas. Esto adquiere especial relevancia en un mercado como el de Costa Rica, en el que los precios de los servicios legales están regulados. El mercado legal es tan demandante, que los profesionales en derecho están obligados a ser creativos y realmente ofrecer una propuesta de valor diferenciada al cliente final. ¿Cómo alcanzarlo? Pues algunas estrategias que se analizaron fueron:

  1. Conocer al Cliente. Todo empieza por aquí. Para vender servicios legales de manera estratégica, es necesario entender aspectos básicos de todo cliente; por ejemplo, su nivel de sofisticación y el nivel de sofisticación de los servicios que requieren.
  2. Guiar al Cliente. Hay que entender que muchas veces ni el propio cliente sabe bien que es lo que necesita. Los clientes no son abogados, por lo que no tienen por qué entender los tecnicismos legales. Es por ello que, una vez identificados aspectos como la sofisticación del cliente y los servicios que necesitan, hay que llevarlos de la mano en el proceso de búsqueda de los servicios legales que mejor se ajusten a sus necesidades operativas.
  3. Servicios de Valor Agregado. Además de lo anterior, se debe de procurar ir la milla extra y realmente ofrecerle al cliente un servicio diferenciado. Aspectos como la calidad del servicio legal o tiempos de respuesta inmediatos, ya se dan por sentados hoy en día. Sin embargo, el profesional en derecho puede buscar formas de resaltar como entender que herramientas tecnológicas existen en el mercado que, al conectarlas a la operación del cliente, mejorarían su experiencia como usuario. También hay que tener presente el tema de impacto, a nivel ambiental y social. Los clientes hoy buscan socios comerciales que respeten ciertos valores y que generen un impacto positivo en el ambiente, en su comunidad y en sus empleados.

PredictaBill en el Legal Hackers Summit en Nueva York

Los días 9, 10 y 11 de septiembre estaremos en la reunión anual de Legal Hackers, que se celebrará en el Brooklyn Law School en Nueva York. Legal Hackers es una organización sin fines de lucro, pionera en temas de tecnología legal. Actualmente, cuenta con capítulos en más de 100 ciudades del mundo, incluyendo San José. Ismael Baum y Bernardo van der Laat, son miembros y coordinadores del capítulo local.


NOVEDADES DEL MUNDO LEGALTECH

Los ALSP se adaptan a la creciente TRANSFORMACIÓN DIGITAL, reciba nuestro extracto mensual con las noticias más relevantes en la revolución tecnológica del sector legal.

Hackers encuentran a las firmas legales sumamente atractivas

Debido al tipo de información que manejan las oficinas de abogados o bufetes, información que podría influir en decisiones y temas políticos, por dar un ejemplo, es lo que provoca que sean muy atractivos para los “hackers”. El informe «2021 Legal Technology Survey Report» de la American Bar Association (ABA), señala que aproximadamente la mitad de los bufetes encuestados cuentan con políticas en materia de retención de datos, uso del correo electrónico, uso de Internet, acceso remoto y redes sociales, con puntuaciones más altas a medida que aumenta el tamaño de la empresa. Por supuesto, esto se encuentra junto a su estadística de que el 35% de los bufetes con más de 100 abogados han experimentado una violación de datos en algún momento. Esto puede llegar a ser preocupante para los clientes, ya que puede resultar difícil confiar en los controles de riesgo que tenga la firma legal que maneja su información. Existen soluciones tecnológicas para protegerse, pero los enfoques tradicionales, como el seguimiento de los medios de comunicación, capacitaciones a empleados, etc. siempre son de ayuda y no deben dejarse de lado.

Lea más aquí: https://abovethelaw.com/2022/08/there-are-only-law-firms-that-have-been-hacked-and-those-that-will-be/

Riesgos de la degradación democrática en el Derecho

El sector jurídico ha demostrado mantenerse próspero a pesar de lo que ocurre alrededor, como la crisis financiera mundial, la transformación digital, la pandemia, inestabilidad económica, etc. A pesar del éxito financiero de la abogacía, la confianza del público en los abogados, instituciones jurídicas y el Estado de Derecho es y sigue siendo baja. Es considerado como carente de imparcialidad en el acceso, y en transparencia. Además, la función jurídica no ha dado una respuesta unificada a los riesgos políticos nacionales que se están produciendo en tiempo real. En cambio, sigue centrada en sí misma y, más concretamente, en sus resultados financieros. No se habla lo suficiente sobre el hecho que la degradación de la democracia estadounidense se ha convertido en la principal amenaza para la industria legal, lo que podría ocasionar que su éxito deje de ser tan resistente como lo ha sido, y por ellos es necesario que el Estado de Derecho deje de negarlo y brinde respuestas.

Para leer más: https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2022/08/17/democratic-degradation-is-laws-ultimate-disruptor/amp/

Un área en crecimiento: Operaciones Legales (“Legal Operations”)

Anteriormente en esta edición de #LAW-Nuevo, hablamos acerca del área conocida como Operaciones Legales (“Legal Operations”), que fue un tema que genero muchos intereses en el evento #ILTACON 2022, por el crecimiento exponencial que está sufriendo.

Para entender un poco mejor de que trata Legal Operations, en el link a continuación se puede bajar un estudio preparado por la compañía Net Documents, en conjunto con Above the Law.

Leer más: Who Are Legal Ops Pros? And What Do They Want? – Above the LawAbove the Law


Opinión

Conozca el Proyecto de Ley: Ley de Ciberseguridad de Costa Rica

Tras los ciberataques sufridos a nivel país en los pasados meses, que afectaron gravemente servicios esenciales y por consiguiente a todos los costarricenses, se evidenció la problemática que ha existido siempre en cuanto a la poca preparación del país en contra de amenazas cibernéticas. Ante esta situación, el Partido Liberación Nacional ha presentado el Proyecto de Ley N°23.292: Ley de Ciberseguridad de Costa Rica, que se basa en crear una Agencia especializada para tratar con estas amenazas de manera preventiva, reactiva y proactiva.

Agencia Nacional de Ciberseguridad

Se crearía a partir de esta ley la Agencia Nacional de Ciberseguridad, como un órgano adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). No podrá tener total independencia administrativa por las restricciones que se han implementado en el país a partir de la situación fiscal. La agencia actuará como Centro de Operaciones de Seguridad (SOC por sus siglas en inglés) y estará conformada por:

  1. Dirección General. La persona directora de la Agencia será nombrada por el Poder Ejecutivo. Deberá ser profesional en informática y contar con un mínimo de ocho años de experiencia en temas de ciberseguridad.
  2. Consejo Asesor. Conformado por el director de la Agencia y representantes de: el Consejo de la SUTEL, la Junta Directiva de la ARESEP, el CONASSIF, el OIJ, la CAMTIC, la INFOCOM y el CPIC.
  3. Centro de Intercambio y Monitoreo de Redes (CIMR-CR). El cual se encargará de la función preventiva de la Agencia. Establece el monitoreo continuo de alertas provenientes de redes y diversos sensores de seguridad digital. Haciendo especial énfasis en las Infraestructuras Críticas de la Información, elemento clave de esta ley.
  4. Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT-CR). Equipo ya existente en el MICITT, pero que no ha contado con los recursos suficientes para enfrentar los riesgos de ciberseguridad de la actualidad. Encargado de la función reactiva; gestión de los canales de comunicación para recibir alertas, mantenimiento y clasificación del registro de incidentes y soporte a las instituciones afectadas por estos incidentes.
  5. Centro de Inteligencia de Datos en Ciberseguridad (CID-CR). A cargo de la función proactiva, realizando análisis de datos y prevención de amenazas. Se centrará en proveer información predictiva y en mantener actualizada a la Agencia y sus colaboradores en las nuevas amenazas.

Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad

El registro de incidentes administrado por el CSIRT-CR, en colaboración con el CID-CR y el CIMR-CR, incluirá datos técnicos y antecedentes de la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad. Además del análisis y estudio de estos incidentes. Será de carácter público, con la posible excepción de ciertos datos sensibles que deberá describir el eventual reglamento de esta ley.

Infraestructuras Críticas de Información

Esta es una parte fundamental del proyecto de ley, ya que nos indica qué se está buscando proteger. Las Infraestructuras Críticas de Información (ICI) corresponden a toda infraestructura informática física o virtual necesaria para proveer servicios esenciales y cuya afectación por parte de un ciberataque pueda comprometer la prestación continua de esos servicios. Es decir, aquellos sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos que afecten servicios esenciales de salud, seguridad, educación u otros derechos fundamentales serán el foco de los esfuerzos de ciberseguridad. Estas ICI deberán ser monitoreados por el CIMR-CR y protegidos por la Agencia en general.

Será necesario trabajar con diversos sectores e instituciones para identificar estas ICI, determinar quiénes son sus operadores e implementar los requerimientos que la Agencia estime necesarios en la protección de la información. Los operadores de las ICI deberán reportar al CSIRT-CR o a un CSIRT Sectorial cualquier incidente de seguridad, para que la Agencia pueda reaccionar adecuadamente. Además, deberá notificarse a las personas afectadas por el incidente, algo que veríamos usualmente en leyes de protección de datos personales.

El proyecto también incorpora ciertas bases para la gestión de la seguridad de la información en el sector público, algo que no se ha logrado estandarizar en el pasado. Podría permitir una sana colaboración entre instituciones en pro de las mejores prácticas en materia de ciberseguridad. Aprovechando también la experticia que concentraría la Agencia para favorecer a todos los sectores involucrados.

Los transitorios del proyecto indican que podría tomar hasta dos años después de la publicación de esta ley para tener en funcionamiento la totalidad de los servicios que busca implementar. Incluyendo la creación del reglamento en los primeros seis meses posteriores a su publicación y la creación paulatina de los nuevos CID-CR y CIMR-CR.

El proyecto viene a enfrentar problemáticas actuales que no han logrado desafiarse hasta ahora a nivel legislativo. Estamos a la espera de ver qué sucederá también con el Proyecto de Ley N°22.388 para la Reforma Integral a la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, presentado el año pasado por el Partido Acción Ciudadana. Sería ideal también ver avances (y la participación activa de Costa Rica) en las propuestas que existen a nivel regional para la cooperación entre países de América Latina y el Caribe.

Ismael Baum


¿QUÉ HA PASADO EN COSTA RICA?

Reglamento sobre beneficios a vehículos eléctricos

El pasado 3 de agosto, el gobierno firmó un reglamento en relación con los incentivos fiscales para la importación de vehículos eléctricos, repuestos, baterías eléctricas y dispensadores de carga (debidamente definidas en la lista que elaborará vía reglamento el MINAE). Según este Reglamento, por un año fiscal desde su publicación, dichos bienes deberán pagar un 1% de Impuesto al Valor Agregado. Tal porcentaje irá aumentando cada año en un 1% hasta alcanzar el 13%. Asimismo, durante 36 meses desde la publicación del Reglamento, la importación de tales bienes no pagará impuesto selectivo de consumo ni sobre el valor aduanero. Transcurridos estos 36 meses la tarifa exonerada irá disminuyendo en un 25% cada 36.

Ley de Acceso a la Justicia para las Personas Consumidoras

Actualmente, se discute en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Acceso a la Justicia para las Personas Consumidoras, el cual se discute bajo el expediente No. 22901 y que se encuentra aprobado en primer debate. Este proyecto pretende reformar parcialmente la Ley 7472, a efectos de adicionar un nuevo artículo referido al tema de la ejecutoriedad de las sanciones y órdenes de la Comisión Nacional del Consumidor. En este sentido, se busca que las órdenes de la Comisión tengan suficiente fuerza ejecutiva, de manera tal que, si el denunciado incumple la orden, la misma pueda ser ejecutada en la vía judicial por medio de un proceso monitorio o de ejecución de sentencia.

Declaración de Sociedades Inactivas

El pasado 8 de agosto, el Ministerio de Hacienda anunció mediante su página web una nueva prórroga para la presentación por parte de las sociedades inactivas de la Declaración de Impuesto sobre la Renta de los períodos 2020 y 2021. Ahora, dicha declaración debe ser presentada el 15 de noviembre del 2022, inclusive. La resolución, DGT-R-21-2022, que prorroga dicho plazo, deberá publicarse en la Gaceta en los próximos días.

Proyecto de Ley para limitar los aumentos en los alquileres de viviendas de menor valor

Según consta en el expediente No. 23301, diputados del Partido Frente Amplio presentaron el pasado 24 de agosto, un proyecto de ley que pretende que los alquileres de viviendas cuya renta sea equivalente o inferior al monto del salario mínimo para Trabajadores en Ocupación No Calificado, no sean sujetos a los aumentos anuales que actualmente la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos vincula al Índice de Precios al Consumidor, sino que para dichos casos al aumento sea vinculado a los aumentos de los salarios mínimos del sector privado.

Reforma a Ley Forestal

Mediante cierta reforma a la Ley Forestal, se permite ahora la construcción de obras alrededor de ríos y quebradas, siempre que dichas construcciones cumplan con las siguientes características: que tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, que sean de bajo impacto ambiental, que permitan el acceso, la observación y disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible y que dicha construcción sea aprobada por la Dirección de Agua.

Proyecto de Ley sobre prohibición de la discriminación remunerativa basada en género

 El pasado 29 de agosto, se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley seguido bajo el expediente No. 21170, mediante el cual se busca introducir un mecanismo de fiscalización y sanción para asegurar una igualdad remunerativa por trabajo en iguales condiciones. La reforma pretende introducir multas para castigar a quienes discriminen remunerativamente a sus trabajadores por motivos de género.

Proyecto de Ley de Ciberseguridad

El pasado 22 de agosto se presentó un proyecto de Ley bajo el expediente No. 23292, el cual pretende posicionar a la ciberseguridad como una prioridad del Estado. En la sección de opinión de esta edición de #LAW-Nuevo, puede encontrar los comentarios de nuestro especialista en Tecnología e Innovación, Ismael Baum.

Propuesta de eliminar obligatoriedad en las tarifas mínimas de honorarios de profesionales

El Poder ejecutivo hizo del conocimiento público la intención de eliminar la obligatoriedad en las tarifas mínimas de honorarios de profesionales de varios campos, la idea principal, según el Presidente de la República Rodrigo Chaves, es que la ley de la oferta y demanda se encargue de definir el costo de los servicios profesionales. Aún no se ha publicado de forma oficial un decreto con esta medida. Sin embargo, las personas interesadas presentaron observaciones a esta medida en las fechas del 11 al 25 de agosto 2022, y se está a la espera de una decisión definitiva.

Para más información, contáctenos a +506 4002 3500
o puede escribirnos a  info@legalpredictabill.com

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